La histórica petición de quiebra presentada por el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal le permite al gobierno tener acceso a sus cuentas para seguir pagando la nómina y otros gastos, pero ello no significa que la deuda desaparece, por lo que se avecinan aumentos en la luz, el agua, los marbetes y otros servicios, así como el cobro por el recogido de basura y la desaparición de servicios, pronosticó el abogado Carlos Alberto Ruiz, en entrevista exclusiva con El Nuevo Periódico.

Por ser abogado especialista en el tema de la quiebra, le solicitamos al Lcdo. Ruiz un análisis sobre el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico y sus efectos para el ciudadano. Catalogó como “útil” la petición de quiebra, basada en el Título III de la Ley PROMESA, en primer lugar porque paraliza las demandas de los acreedores, pero no solo eso:

“Aquí lo más importante es que muchas de esas emisiones de deuda se hicieron con unas  garantías ilimitadas entre las cuales están los fondos que tiene Puerto Rico en el banco, ya sea en el Banco Popular, o en el Banco Gubernamental. Gracias a esa paralización de PROMESA es que el gobierno en este momento todavía tiene acceso al efectivo para seguir pagando la nómina. Si no fuera por PROMESA ya esas cuentas se hubieran congelado. Y el problema que hay, es que los jueces funcionan dentro de un marco jurídico y por más pena que un juez federal le tuviera al gobierno de Puerto Rico, en ausencia de PROMESA, el juez se hubiera visto obligado por la ley a ordenarle a los alguaciles del Tribunal Federal que embargaran esas cuentas como garantía de las reclamaciones de los acreedores del gobierno. Y eso hubiera sido literalmente una hecatombe social y fiscal para el gobierno y por ende para los puertorriqueños”, subrayó el abogado cagüeño.

Por otro lado, sostuvo que la declaración de bancarrota permitirá realizar un recorte de la deuda. “La otra razón por la que creo que va a ser útil es porque ya la Junta de Control Fiscal aparentemente se ha dado cuenta de que es inevitable un haircut, un corte de deuda… La única forma en que el gobierno de Puerto Rico pueda ser viable fiscalmente es que la deuda se reduzca en un sesenta, setenta, ochenta por ciento, por ahí es que andan los números. Porque es tanta la deuda que se emitió en contra de las disposiciones que tiene la Constitución, que eran unos parámetros mucho más saludables, que resulta para cualquier persona prudente y racional imposible pretender que Puerto Rico pague toda esa deuda en cien años”, explicó Ruiz.

La deuda de Puerto Rico incluye $69 mil millones en bonos que pagan servicio anual, $34 mil millones en bonos de vencimiento fijo que se pagan a largo plazo y $43 mil millones en deudas sin fuentes de repago de los sistemas de retiro de los empleados públicos, lo que totaliza unos $146 mil millones. Aunque la petición de quiebra de Puerto Rico no se radicó bajo el Código de Quiebras, sino bajo el Título III de la Ley PROMESA, Ruiz considera que esta ley “recoge muchísimas disposiciones del Código de Quiebras como para usarlo como marco legal”. Además, entiende que es un acierto que el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos haya nombrado a una ex jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, ya que su dominio sobre el tema le facilitará su labor en el caso de Puerto Rico.

Ruiz advirtió que los acreedores van a insistir en recursos judiciales para que se les pague. “Se va a impugnar la constitucionalidad de la ley. Entiendo que es el único remedio que, un tanto osado, tienen los acreedores que quieren cobrar su cien por ciento: que se declare inconstitucional toda la ley y regresar al estado de derecho de poder embargar. Esa es la importancia de que esa ley se preserve. Por lo menos, si se declara inconstitucional alguna parte de la ley, que no sea la parte del ‘statement’’’, apuntó.

La declaración de bancarrota y la posibilidad de que se recorte el total de la deuda, sin embargo, no saca al gobierno de la apretada situación fiscal en que se encuentra. El abogado catalogó a los gobernantes de Puerto Rico en los últimos treinta años, y sus respectivas legislaturas como unos “soberanos irresponsables”, pues tomaron prestado para cuadrar el presupuesto y para pagar gastos recurrentes.


“El mecanismo de emisión de deuda pública se supone que se use para mejoras permanentes, para hacer puentes, hacer represas, escuelas, pero no para estar financiado déficit”, resaltó. “Cuando vienes a ver, los expertos dicen que Puerto Rico, aún sin pagar un centavo de deuda, que es lo que ha hecho durante los últimos doce meses, no hemos pagado ni un centavo, comoquiera tenemos un déficit como de $3 mil millones. Y se lo hemos quitado al Fondo del Seguro del Estado y a los pensionados. El problema del sangrado del plan de retiro de los empleados del gobierno es de tal magnitud, que tiene un déficit actuarial como de $40 billones (millardos). Eso es una cantidad respetable en cualquier liga”, expuso.

Otro ángulo de este complicado asunto es que hay personas y empresas que se enriquecieron con las emisiones de deuda pública de Puerto Rico. “No podemos perder de perspectiva que los golpes grandísimos a la economía de Puerto Rico se le han dado mayormente en lo que cuestan esas emisiones de bonos, muchas de ellas a mi entender ilegales porque van en contra de las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico.

Para que tengas una idea, durante el cuatrienio de Fortuño, leí un dato de que en comisiones de abogados, de brokers y de CPA, se fueron más de $1,500 millones”, mantuvo el abogado. Las comisiones en estos casos se cobran como un porcentaje del total de la emisión de bonos, no se cobra por hora trabajada. “Ahí es que está el tumbe”, comentó. Y a eso se le suman los intereses de la deuda, muchas veces leoninos, porque a mayor riesgo, más altos los intereses.

Ruiz puso en duda la moralidad de prestarle grandes cantidades de dinero al gobierno de Puerto Rico en momentos en que el país confrontaba una crisis económica y cuando la emigración hacia Estados Unidos había alcanzado niveles que no se veían desde los años cincuenta. “En otras palabras, si es moral prestarle a alguien que tú sabes que no te va a poder pagar, pero a ti no te importa porque vas a cobrar tu comisión”, resumió.

Comparó la situación del país con la de algunos consumidores. “Yo tengo clientes que tienen pensiones de $600 o $700 de seguro social. Y he tenido que radicarle quiebra porque le financiaron un vehículo de motor que paga $350 o $400. Ah, porque tenía la empírica alta. No importa, ¿cómo una persona que recibe $700 va a pagar un auto que paga $350 o $400. Imposible. Pero el del banco cobró su comisión, el del dealer cobró su comisión y el que termina pillado es el pobre consumidor, por no tener unas herramientas”, indicó, al tiempo que abogó porque a los niños se les enseñen en la escuela unas destrezas básicas en el manejo de sus finanzas personales, para evitar estas situaciones.

Aún cuando el Tribunal Federal recorte la deuda de Puerto Rico en un ochenta por ciento, para pagar el restante, enfrentar el déficit de $3 mil millones y la crisis en los sistemas de retiro, es necesario reestructurar el aparato gubernamental, reducir la nónima e, inevitablemente, encarecer los servicios. Ya se anunció un aumento en el costo del agua y se proyectan otros aumentos; además de la eliminación de los subsidios del gobierno central a los municipios, lo que traerá la eliminación de servicios que ofrecen los municipios o el comenzar a cobrar por ellos, por ejemplo, el recogido de basura.

“Lo del CRIM es inevitable (aumento en las tasas contributivas, tasación de propiedades al valor actual del mercado). Lo están posponiendo porque nos van a dar la medicina amarga por dosis”, destacó.

Ante la reducción del poder adquisitivo, los puertorriqueños tendremos que analizar las soluciones que tenemos. A muchas personas lo primero que les viene a la mente es emigrar, irse a Estados Unidos. Ruiz indica que, a menos de que domine el idioma inglés y tenga avanzadas destrezas profesionales, esa no es la solución ya que ha visto muchas familias divididas y personas que se van y confrontan grandes problemas porque no saben hablar inglés. Aún los que consiguen trabajo, a veces tienen dos o tres empleos para poder dar una vida digna a sus familias.

La otra solución es reorganizar sus finanzas. “La Ley PROMESA, aún con sus virtudes, que las tiene, inevitablemente va a llevar a muchos puertorriqueños a tener que recurrir a la ley de quiebras y protegerse para poder reorganizar sus finanzas y poder absorber el aumento en el costo de la vida y la pérdida de servicios que usualmente el gobierno brinda a los ciudadanos”, lamentó Ruiz. Los aumentos que se avecinan se dan en un escenario en que muchas empresas trabajan con el personal mínimo y cuando ya los puertorriqueños pagamos altas tasas contributivas (por ingresos y por consumo), además de las “cruditas” a la gasolina y los impuestos a otros productos.

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